miércoles, 26 de agosto de 2020

Salud vs dinero: batalla por la vida

 


 

 

Ponente: Nubia Piqueras Grosso

Panamá, 15 de agosto de 2020

 

E

n medio de millones de infectados y muertos por la Covid-19, una noticia llenó de esperanzas esta semana a la humanidad, el anuncio hecho por el presidente ruso, Vladimir Putin, que científicos de su país registraron ante las autoridades pertinentes de la nación europea la primera vacuna del mundo contra esta enfermedad altamente contagiosa.

 De esta forma, la vertiginosa carrera contra reloj por hallar la cura, en la que varios laboratorios del orbe luchaban por la primicia, llegó a feliz término con la vacuna Sputnik V, de la cual podrían producirse cerca de 500 millones de dosis entre septiembre y octubre venideros, según anunció por estos días el ministro ruso de Salud, Mijail Murashko.

 El titular precisó que dentro de dos semanas podría estar listo el primer lote para la masificación de las pruebas, después de pasar todas los pasos previos y certificaciones necesarias que establece el ente regulador de Rusia y el Ministerio de Salud, a lo que se suma el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 Luego de ser creada en tan solo cinco meses en el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Nicolay Gamaleya, tal vez muchos se pregunten sobre la eficacia, calidad y seguridad de este preparado vacunal, al igual que la campaña mediática de algunos medios que ponen en duda esta vacuna que podría ser producida en al menos cinco países, entre ellos Cuba, según informó Kiril Dmitriev, jefe del Fondo Ruso de Inversiones.

 A juicio del titular ruso de Salud, Mijail Mishustin, este producto fue posible en tan poco tiempo porque el equipo de científicos que trabajó en ella la creó sobre la base de otro preparado similar utilizado contra el ébola, por lo que la plataforma para iniciar los estudios ya existía, tendencia desarrollada por otros laboratorios en el mundo, como el Instituto Carlos Finlay en Cuba, donde los investigadores desarrollan cuatro candidatos vacunales a partir de experiencias anteriores con otras fórmulas como la vacuna contra la hepatitis B y la pentavalente, que incluye antígenos contra cinco enfermedades (Difteria, Tétanos, Pertussis, Hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b).

 Como dato curioso les comento que la vacuna cubana pentavalente, obtenida en el 2006, fue la segunda de ese tipo registrada a nivel mundial.

 A propósito de esta batalla que libran los laboratorios biotecnológicos y farmacéuticos, el doctor panameño Eduardo Ortega Barría aseguró recientemente que “estamos viviendo una revolución científica y sin lugar a dudas, la historia de las vacunas se dividirá en un antes y después de esta pandemia”.

 Precisó que actualmente contra la Covid-19 hay entre 166 y 200 candidatos vacunales en proceso, cuyo desarrollo suele ser lineal, secuencial y toma mucho tiempo, aproximadamente 10 años, y hasta ahora la anterior que en menos tiempo se logró fue la de la parotiditis, la cual duró cinco años.

 Explicó que este es un proceso que, de 100 candidatos, solo entre cinco y 10 llegan a registrarse, por lo cual es caro, de ahí que no muchos países puedan darse ese lujo, incluso de completar el ciclo de investigación-desarrollo-producción.

 Y de ello puedo darles fe, pues la primera vez que escuché hablar de la vacuna cubana terapéutica contra el cáncer de pulmón (Cimavax), la primera de su tipo en el mundo, fue a mediados de la década de los 90, cuando apenas era una recién graduada de periodismo que comenzaba mis pininos en la profesión y la nación antillana vivía una de las crisis económicas más fuertes de su etapa revolucionaria, conocida como período especial.

 Tras 25 años de investigación, el Centro de Inmunología Molecular de La

Habana logró su registro en 2008 en el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) de Cuba; incluso los resultados registrados desde 2011 fueron tan alentadores, que el Instituto Roswell Park de Nueva York, Estados Unidos, para el tratamiento del cáncer se sumó al proyecto y colaboró con el desarrollo e investigación de la vacuna cubana.

 Retomando el tema de la vacuna contra la Covid-19 se impone mencionar las tres chinas y las dos más mediáticas, la que desarrolla la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y la del laboratorio Moderna, en Estados Unidos, las cuales están en fase tres de ensayos clínicos.

 A juicio de Ortega Barría, responsable de asuntos médicos del Consorcio de Investigación de Vacuna Covid-19 en Panamá, “las vacunas que más rápido se desarrollarán son las que utilizan el material genético del virus porque no requieren de su manipulación en vivo, ni de las células para que el virus crezca, al contrario, una vez que se conoce la secuencia genética del virus se puede manipular y utilizar”.

Por otro lado, consideró importante el descubrimiento de la secuencia del virus, realizado por los científicos chinos, pues permitió el desarrollo de varios candidatos, de hecho, tres días después de ese suceso, Moderna ya tenía una posible vacuna.

ENSAYOS EN PANAMÁ

Tras estos buenos augurios, gran expectativa genera aquí el anuncio de que a mediados de agosto Panamá iniciará el estudio de fase uno de una vacuna de ácido ribonucleico contra la Covid-19 que desarrolla una compañía biotecnológica en Alemania.

Pero, esto solo ocurrirá después de ser aprobado por la Dirección General de Salud, el Comité de Bioética y las autoridades regulatorias del país, aseguró Ortega Barría.

Precisó que, una vez concluida esta etapa, se activará en septiembre la fase dos de ensayos clínicos, donde se evaluará la seguridad del candidato vacunal y su respuesta inmune.

Señaló que los estudios se realizarán en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat), el cual fue seleccionado como el centro de referencia para realizar estas pruebas de laboratorio en colaboración con la compañía biotecnológica y farmacéutica.

“Estamos a pocas semanas de comenzar las pruebas y los estudios que abrirán las puertas para traer otros proyectos más grandes de fase tres, los cuales son los encargados de valorar la eficacia de las vacunas, y si funciona el producto podría impactar en la evolución de la pandemia en el país”, apuntó Ortega Barría.

El también especialista en Medicina Tropical y Parasitología se refirió al proyecto previsto para octubre venidero con la OMS, la cual todavía no ha definido la vacuna que será probada en la nación istmeña a partir del portafolio con el que trabaja esa organización de Naciones Unidas.

Señaló que, a través de este grupo, el Ministerio de Salud y Cancillería se realizaron contactos con al menos cinco compañías en Estados Unidos, Europa y Asia, pues el objetivo final es ayudar a producir una vacuna para el mundo a partir de la participación de panameños en los estudios de fase tres.

Al respecto, dijo que esto facilitará que algunas de esas vacunas puedan utilizarse en el país una vez que sean licenciadas, proceso que a su juicio solo será posible en 2021.

“En 2020 vamos a tener al menos dos vacunas de ácido ribonucleico y una o dos de vectores virales, las cuales estarán aprobadas, pero no licenciadas. Eso quiere decir que podrán ser utilizadas en caso de urgencia y en el grupo de personas en las que fueron investigadas”, afirmó.

Sobre el tema, el infectólogo Ortega Barría indicó que la OMS estableció que en la primera etapa la vacuna contra la Covid-19 estará dirigida a los trabajadores de la salud, los cuales representan cerca del uno por ciento de la población mundial, los adultos mayores de 65 años (ocho por ciento) y las personas que padecen de algún tipo de enfermedad (15 por ciento).

Pero, una vez que existe el producto, ¿qué papel juegan las farmacéuticas?, ¿qué representa esta industria en las ganancias de los laboratorios?, estas y otras interrogantes trataremos de responderlas en la segunda parte de la exposición.

EL NEGOCIO MULTIMILLONARIO DE ENFERMARSE

A finales de los años 70 del pasado siglo, Henry Gadsden, presidente ejecutivo de Merck, una de las grandes compañías farmacéuticas mundiales aseguró que si tomar fármacos fuera tan cotidiano como masticar chicle, entonces podrían medicar la vida moderna.

   Esta imagen ilustra muy bien el negocio de la salud y de la industria farmacéutica, el tercer sector de la economía en el mundo (no olvidar que este mercado es de 1,3 millones de millones de dólares), detrás del armamento y el narcotráfico, al punto que en Estados Unidos sus beneficios son cuatro veces superiores al del resto de los sectores industriales.

   Pero, ¿cómo ejercen su poder en el mundo? Primero, sobre los legisladores para promover o bloquear leyes, y segundo, sobre organizaciones y entidades internacionales para que apliquen sus derechos de exclusividad en medicamentos esenciales que podrían salvar millones de vidas si tuvieran un precio asequible, refieren expertos en la materia.

   Este es el caso del multimillonario estadounidense John C. Martin, expresidente ejecutivo (2016-2018) y director general (1996-2016) de la compañía Gilead Sciences, quien ganó 180 millones de dólares cuando en 2014 anunció que la agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos del gobierno de Estados Unidos aprobó su fármaco sofosbuvir.

   Para entonces el precio del medicamento, utilizado en el tratamiento de la hepatitis C, fue de más de 80 mil dólares, cuando el costo de producción osciló entre 68 y 136 dólares.

   Sin embargo, la mayoría de los millones de afectados por la enfermedad son pobres que por su condición no tienen acceso al fármaco.

   Pero, lo peor es que las prácticas reiteradas de la industria farmacéutica: extorsión, soborno, ocultamiento de información, fraude, malversación de fondos, falsificación de testimonios, compra de profesionales sanitarios, manipulación y distorsión de los resultados investigativos, entre otras, desembocan en la muerte.

   Algunas estadísticas reflejan que en los países ricos, las enfermedades causadas por el consumo indiscrimado de medicamentos o con calidad dudosa son ya la tercera causa de fallecimiento, luego del infarto y el cáncer.

   Lo cierto es que la industria farmacéutica dedica enormes recursos a influir en los grandes medios de comunicación con la complicidad de expertos retribuidos directa o indirectamente por las compañías, al tiempo que muchas veces exageran los supuestos efectos beneficiosos de sus productos, ante los reguladores y profesionales de la medicina.

   Y en medio de este contexto emergen los intereses de grandes farmacéuticas como Novartis, Roche, Pfizer, Astrazeneca, Roche y Johnson & Johnson, entre otras, que pugnan con nuevas compañías de la biotecnología como Gilead Sciences, Inc para frenar a la Covid-19.

   Con una capitalización cercana a los 100 mil millones de dólares, Gilead era una desconocida para el gran público hasta que su fármaco Remdesivir saltó a los titulares en medio de la pandemia y disparó la cotización de este fármaco de 65 dólares a comienzos de 2020 a 83 dólares.

   La compañía, fundada en 1987, es hoy un referente en el desarrollo de medicamentos antirretrovirales para tratar pacientes infectados con VIH, hepatitis B o influenza; mientras que la centenaria Abbott, un laboratorio estadounidense que seduce a los expertos, tiene una capitalización bursátil de 170 mil millones de dólares, tras revalorizarse un 10 por ciento.

   Por su parte, la farmacéutica suiza Roche anunció recientemente que desarrolló una prueba de anticuerpos para la Covid-19, lo que disparó las acciones de la firma en cerca de un dos por ciento, en tanto facturó 57 mil 300 millones de euros y logró un beneficio de 13 mil 146 millones de euros durante el 2019, según reportes de medios de prensa.

   En esta lista de compañías farmacéuticas altamente lucrativas hay otras como Translate Bio, a la búsqueda de una cura eficaz gracias a los genes; Akers Biosciences, la firma que se disparó un 344 por ciento tras anunciar un avance en el camino hacia la vacuna de la Covid-19 cuando junto a Premas Biotech consiguió clonar con éxito todos los antígenos del coronavirus que fueron seleccionados como candidatos a la creación de una vacuna.

   También aparece la francesa Sanofi, responsable de producir la hidroxicloroquina, que en su guerra contra la pandemia y por encontrar una vacuna se alió con otras firmas como Translate Bio o el también gigante británico GSK.

   Se suman, además, la estadounidense Pfizer, que ataca a la Covid-19 desde diferentes ángulos, entre ellos con un inyectable gracias a la alianza con la empresa alemana BioNTech.

   Novacyt, una pequeña empresa a la que la crisis sanitaria provocada por la pandemia catapultó en la Bolsa con el anunció de un test molecular para diagnosticar el nuevo coronavirus y la española Grifols, especializada en la producción de hemoderivados, trata de competir con un plasma anticoronavirus para pacientes curados.

   Llama la atención que algunas de estas firmas han vuelto a respirar gracias a la pandemia, pues las estadísticas reflejan pérdidas económicas y déficits acumulados durante años.

   Es el caso de Akers Biosciences, cuyos ingresos cayeron un cinco por ciento en 2019; sin embargo, este año ya acumula una subida del 30 por ciento.

   Sin lugar a dudas, las cifras reflejan que el negocio de la salud es uno de los más lucrativos del mundo, al punto que en medio de esta pandemia las compañías farmacéuticas incrementaron sus arcas y hasta superaron las malas rachas financieras.

   Tanto es así, que las corporaciones estadounidenses no solo recibieron más de ocho mil 300 millones de dólares para el desarrollo de la vacuna contra el nuevo coronavirus, sino que poseen la autoridad de establecer el precio y determinar su distribución, de manera que sus intereses comerciales están por encima de las prioridades de salud de las personas.

   Sin embargo, la vacuna rusa Sputnik V es hoy la piedra en el zapato, pues tras su anuncio inmediatamente llegaron pedidos por mil millones de dosis procedentes de 20 países y con ello la caída de las acciones de Pfizer (0,8 por ciento), Novavax (7,7 por ciento) y Moderna (2,5 por ciento).

   Vale destacar que las tres corporaciones están incluidas en la lista de la Organización Mundial de la Salud como creadores de una vacuna contra la Covid-19 que está en fase tres de ensayos clínicos, en la que se evalúa la seguridad y eficacia del producto.

   Por lo pronto, los rusos anunciaron que empezarán la vacunación voluntaria masiva a partir del 1 de octubre venidero, mientras que medios de prensa revelaron que la vacuna creada por la corporación Moderna no estará lista antes del 3 de noviembre como espera el presidente estadounidense, Donald Trump, sino para inicios de 2021.

   Sin dudas, una mala jugada para los intereses de Trump en su afán de reelección en medio de una desastrosa política de enfrentamiento a la pandemia como experesaron algunos expertos de la nación norteña.

   De acuerdo con Gerald Posner Pharmas, autor del libro Farmacias, mentiras codiciosas y el envenenamiento de América, “las corporaciones farmacéuticas perciben el COVID-19 como una oportunidad de negocios que se presenta solamente una vez en la vida.

   “Esta pandemia global tiene el potencial de un bombazo para la industria en términos de venta y ganancias. Mientras peor se pone la pandemia, más altas serán las ganancias”, realidad que dista mucho del juramento hipocrático de los médicos, donde la salud y la vida del enfermo son la principal preocupación.

CLAVES: COLABORACIÓN, PRIORIDAD Y SOLIDARIDAD

Lo expuesto hasta aquí me conduce a algunas conclusiones, la primera de las cuales definió claramente el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, cuando dijo recientemente: “La dimensión de la actual crisis generada por la Covid-19 nos obliga a cooperar, incluso reconociendo diferencias políticas.”

Al entender, no justificar, el escenario actual de la industria farmacéutica, vemos que está asentada en países élites del llamado primerísimo mundo, donde logran integrar la cadena investigación-desarrollo-producción, porque cuentan con el recurso humano altamente calificado, la tecnología moderna y el resto de la logística necesaria.

Pero, no estamos hablando de una fatalidad geográfica, pues si existe la voluntad política de los gobiernos y una estrategia de desarrollo bien definida, los países considerados tercermundistas también son capaces de lograr resultados en esta materia e independizarse en alguna medida de la dictadura del mercado de las grandes transnacionales de los medicamentos.

El ejemplo que tengo a mano es mi país, Cuba, que desarrolla vacunas y por su condición de nación bloqueada debió desde antes de esta pandemia producir sus propios fármacos y medios diagnósticos con resultados exitosos.

Sin embargo, al analizar a Panamá, no creo que sea un sueño aspirar a resultados similares, pues el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, junto al Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología mostraron hasta el momento aportes importantes durante la pandemia, a pesar de que apenas recibieron apoyo financiero para su desarrollo.

El país que como enseñanza de la Covid-19 no decida poner el modelo de salud pública en los primeros lugares del desarrollo, estará condenado a volver a sufrir las consecuencias deplorables de una crisis sanitaria similar a la que vemos en los peores ejemplos de nuestro continente, donde los sistemas de salud colapsaron o mostraron sus grandes ineficiencias y carencias.

Solo políticas públicas y sanitarias bien definidas construirán un muro sólido para enfrentar situaciones similares que objetivamente podrían ocurrir, por tanto, los recursos para la atención deberán estar al mismo nivel que el estímulo para la ciencia, investigación y desarrollo relacionado con la vida humana.

La ponencia que les presento deja explícita también la necesidad de la cooperación científica para obtener más y mejores resultados. Algunas transnacionales y centros académicos de Estados Unidos y Reino Unido lo hicieron con el proceso de la vacuna contra la Covid-19, mientras que China y Rusia lograron la interacción de centros nacionales de investigación y producción de medicamentos y vacunas con terceros países.

Muchas veces escuchamos decir que la mejor vacuna contra la Covid-19 es la solidaridad. Proféticas palabras, porque como una vez expresó el líder cubano Fidel Castro, “quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo”.

Muchas gracias.

  

domingo, 23 de agosto de 2020

Proceso constituyente y refundación de la República

 

Resolución No.1.

El Foro Social de Panamá (FSP), reunido los días 14 y 15 de agosto 2020 por vía virtual, en atención a los planeamientos emitidos en las conferencias inaugurales y mesas de discusión, y tomando en cuenta la necesidad manifestada de abrir un amplio debate sobre los ejes estratégicos que deben abordarse en un proceso constituyente dirigido a refundar la República de Panamá  

 

Considerando:

1.     Que el modelo de dirección, gestión y desarrollo que ha dominado al istmo durante los últimos 500 años; es decir el llamado “transitismo” [1], está todavía con sus raíces madres clavadas en el suelo profundo del país y sus brazos extendidos hacia todos los ámbitos del orden social, económico, político, cultural y ambiental.

2.     Que el neoliberalismo como modalidad en este caso, es sencillamente la variante contemporánea; es el que ha acelerado su condición terminal exigiendo la refundación de la República, porque ha llevado el modelo histórico transitista a su agotamiento irreversible, condicionado por la liquidación del Estado bicéfalo dominado por el poder extranjero colonial y la implantación de nuestra soberanía sobre todo el territorio nacional en el año 2000.

3.     Que la nación que nace de este proceso histórico, está exigiendo su consolidación y reclama nuevas bases para cumplir el ejercicio pleno de la autodeterminación, la independencia y el desarrollo integral de la sociedad panameña.

4.     Que estos hechos han abierto una etapa de transición hacia cambios internos profundos que, hasta el presente, los estamentos del poder económico y político, no han demostrado capacidad alguna para liderarla y menos aún, intenciones de afrontarla con una visión de nación.   

5.     Que es desde esta perspectiva que al movimiento social panameño le corresponde entrar en la materia de la constituyente, comenzando por el proceso de consensuar los asuntos centrales que deben resolverse desde el ámbito que le corresponde: la estructura de poderes de la sociedad y sus procedimientos de dirección y gestión.

6.     Que en esta dirección, se han identificado algunos ejes fundamentales que deben ser considerados en las sucesivas discusiones de las bases ciudadanas, en forma de consulta directa que permitan trazar bajo consensos la plataforma de los cambios constitucionales que están por formularse. 

Resuelve:

Someter a discusión en el seno de la sociedad panameña los siguientes diez temas fundamentales, con miras a generar los consensos correspondientes que sirvan de base para la refundación de la República:

1.      Sobre el carácter irrenunciable de la nación. 

¿A qué aspiramos? … ¿Queremos una República libre, soberana, independiente, plurinacional, pluricultural, plurilingüe?... ¿Declaramos el derecho pleno a la autodeterminación de la nación panameña, con el pueblo como único garante de la integridad soberana en su territorio?... Advertimos que, declarar el derecho pleno a la autodeterminación de la nación, hecho que es la carne viva del ejercicio soberano, tiene connotaciones particulares en el modelo de gestión del país… ¿Queremos un gobierno laico, democrático, representativo, participativo e inclusivo?... Son conceptos que necesitan digerirse uno por uno a través del diálogo y consensuarse. 

2.      La neutralidad de la vía interoceánica.

¿Cuál es el problema?... la vía acuática de tránsito del Canal está amparada por el principio de la neutralidad ante los conflictos internacionales, pero la obra es hoy panameña, pertenece al Estado panameño –aunque bajo el paraguas neocolonial de un Estado extranjero beligerante en la arena mundial– y opera desde el territorio nacional, siendo todo el país su retaguardia vital y zona de interacción directa, factores que sustentan una gran contradicción. Una guerra en la que el canal es neutral, pero el país–soporte no lo es, puede necesitar por la razón que sea el territorio como retaguardia a favor de una de las partes en conflicto, lo cual expone de hecho al complejo como blanco de afectación y ya no sería la obra neutral. Dentro del marco de la multipolaridad global y de los intereses geopolíticos que afloran actualmente, hay también el asunto clave de si, por derivación del Tratado Permanente, todo enemigo de los EE. UU. ─que tiene la defensa estratégica de la neutralidad en sus manos, además de privilegios de tránsito a sus naves de guerra─ se hará un enemigo forzoso de la nación[2]… ¿Es entonces necesario o no declarar neutral a la nación, para fortalecer el principio de neutralidad del Canal? … Sin dudas que es otro de los dilemas inevitables a resolver…   

3.      La Autoridad del Canal de Panamá. 

La ACP goza actualmente de una autonomía constitucional, que le ha permitido esquivar los embates del retraso político, económico y ambiental del país. Algunos consideran que esto fue una buena decisión, pero otros, que se exageró la nota, porque el cordón umbilical que une la vía al Estado panameño es extremadamente delgado y lo maneja finalmente el presidencialismo, que expresa el querer de grupos hegemónicos internos junto a intereses internacionales, sin ninguna participación del ciudadano panameño que es su verdadero accionista. Toca así consensuar la mejor ecuación para resolver esta contradicción, después de 20 años de operación y experiencia... El otro punto responde a una pregunta muy extendida: ¿es suficiente que la ACP entregue los excedentes de sus ingresos al Estado Panameño y garantice el agua de consumo ciudadano al conglomerado del corredor interoceánico, para cumplir satisfactoriamente el requisito del “uso más colectivo” de la riqueza recibida de la ex-Zona del Canal? … 

4.      Sobre la estructura para la gestión del poder político:  

El hiperpresidencialismo es grave, pues hay un Ejecutivo que goza de superpoderes sin control por los otros, incluyendo el poder ciudadano. ¿Qué mecanismos de control se le debe imponer al Ejecutivo y qué funciones otorgarle para cumplir con eficiencia su tarea sin extralimitar su deber democrático y transparente con la nación?... ¿Será oportuno que el presidente comparta su poder con un Primer Ministro, Jefe de Gobierno?  

En las polémicas públicas sobre los problemas de la corrupción ha aparecido que no hay suficientes mecanismos de control público del ciudadano, sobre sus elegidos. ¿Qué puede proponerse al respecto?; ¿cabe considerarse y como parte de la democracia directa, la revocación del mandato por parte de la base ciudadana en todos los cargos de elección, así como la auditoría social a los funcionarios públicos?

¿Qué estructura y mecanismos operativos se le debe imponer al Poder Legislativo para que sea realmente representativo del interés ciudadano que lo elige?; ¿cómo lograr que el interés nacional surgido desde las comunas y organizaciones de base llegue al poder legislativo e impacte en las Leyes? ... Esto lo abordó de alguna manera la Constitución de 1978, al relacionar mediante delegados, la cámara del poder comunitario de los Representantes de Corregimientos con la cámara legislativa, conteniendo esta última un sector de legisladores provinciales. Así mismo, al Representante de Corregimiento se le obligaba a trabajar con una estructura comunitaria de juntas comunales y locales que lo vinculaban al interés de sus bases.

La institucionalidad de los partidos políticos solo existe para el sistema electoral, reduciendo su papel al acto votante de la sociedad. Desde este punto de vista, los Partidos sobreviven o no, obtienen recursos más o recursos menos del Estado, etc., con acuerdo al voto electoral. Su tarea estratégica de conductores del cambio social no existe, siendo simples pantallas políticas para amamantar el estatus-quo del sistema. No obstante, el Partido moderno está concebido sobre todo como fuente de liderazgos, propagandista, educador y conductor político de estamentos de la sociedad. Decía el Gral. Torrijos que “debe ser el torrente sanguíneo”, es decir el que lleva el oxígeno del progreso social y el cambio a la sociedad. Este asunto hay que discutirlo en profundidad; por ejemplo, si pueden existir partidos políticos legales sin que necesariamente tengan que ser electoreros, sino porque cumplen con el precepto de ser orientadores ideo políticos y forjadores de consensos de importantes estamentos sociales, lo que habría entonces que reglamentar.    

5.      Régimen social (educación, cultura, salud, trabajo, vivienda, familia): 

Asegurar el derecho al trabajo de todo ciudadano económicamente activo, es tarea irrenunciable y obligatoria del Estado; hay que discutir cómo incluir este principio en la Constitución de forma que opere, porque si no se queda en la teoría. . Cabe añadir que esta tarea está vinculada de manera directa con la calidad del “capital humano”, que depende de la educación, la salud y la vivienda. Son pues, tres columnas de un derecho fundamental que no puede soslayarlo el Estado, en beneficio de la calidad de la fuerza de trabajo nacional. Si el trabajo es un derecho, la productividad es un deber que al Estado le toca promover, creando las condiciones sociales necesarias y suficientes para cumplir tal objetivo (transporte, vivienda, salud, educación continua, esparcimiento, organización innovadora y científica del sistema productivo, etc.). En este marco, es menester discutir también la obligatoriedad constitucional de las Convenciones Colectivas entre el Capital y Trabajo, incorporando no solamente “ajustes de salarios”, pues este regresa finalmente a quien lo paga a través del comercio y la banca crediticia, sino también bienestar social y calidad en la vida del trabajador (y hoy día existen indicadores estadísticos de la Calidad de Vida).

Se necesita igualmente consensuar los ejes constitucionales sobre las cuales levantar una educación científica, popular y patriótica, que eleve el pensamiento crítico y fortalezca la identidad nacional en el camino de posesionar a nuestra sociedad del perfil común que nos relaciona y cohesiona como nación. Se debe considerar en particular, la obligatoriedad y gratuidad de la educación al menos hasta el nivel de bachillerato, y que la más alta calidad de la enseñanza corresponda a la educación pública.

En el ámbito cultural de la tecnología y el arte hay que revisar primeramente los lineamientos del Estado para la innovación tecnológica y la investigación científica. El Estado no solamente debe promover y formular políticas destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, para lo cual debe asignar un porcentaje mínimo del presupuesto anual (a discutir), sino que debe basar sus políticas de gobierno en los resultados del trabajo científico de los centros de investigación nacional. En relación al arte, que representa el goce y enriquecimiento del espíritu, es necesario implementar su fomento desde la niñez, elevar la apreciación crítica de su calidad por nuestro pueblo y garantizar su profundo contenido ético, así como la expresión de sus formas nacionales respetando la pluralidad cultural.

Con relación a la salud, como derecho humano debe ser responsabilidad integral del Estado, haciendo énfasis en la salud preventiva. Le compete así al Estado, garantizar que ésta llegue a todos por igual, y, en consecuencia, debe ser revestido con los recursos y la suficiente autoridad en el ámbito para el cumplimiento de esta disposición. En el mismo marco, se tiene que discutir el régimen de la Caja del Seguro Social (CSS) y su autonomía constitucional o no, toda vez que es el asalariado nacional su contribuyente directo.

La familia debe ser considerada por el Estado como la primera base de la sociedad, forjadora de valores y ciudadanía, y desde este ángulo debe protegerla garantizando los medios básicos de subsistencia, así como la maternidad y la salud física, mental y moral de los menores. Bajo estas premisas, cabe manifestar que la Carta de 1972 contenía el concepto de los centros especializados de párvulos “para atender a los hijos de trabajadores y servidores públicos” (así lo expresa), mientras la actual deja éstos a la solicitud voluntaria o no de padres y tutores. Hay que regresar a la obligatoriedad del Estado en la institucionalización de tales centros de educación. Finalmente se debe discutir constitucionalmente las obligaciones del Estado en la atención de los adultos mayores y las personas con discapacidad. 

6.      El régimen económico:

 

Lo primero es discutir si se sigue o no con el régimen actual unilateral, atado exclusivamente al sector privado, o pasamos a un régimen mixto que conjugue el sector estatal ‒que debe dominar los ejes estratégicos de la economía‒, con el privado y el social cooperativo. Esto hay que reflexionarlo no solamente en función de dar un impulso más integral y dinámico al desarrollo, sino también, de generar una mejor distribución de la riqueza. Las reglas entre los tres sectores económicos habría que ordenarlas.

 

Otro punto: definir si seguimos con el Estado solo regulador de las fuerzas ciegas del mercado, o pasamos al Estado rector, planificador y promotor de la economía, con competencias suficientes para definir los espacios de actividad de los diferentes sectores de la economía (primario, secundario y terciario) y garantizar el uso racional y equitativo de los recursos que necesita cada uno.  La Constitución de 1972 establecía en su Artículo 241 que “el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales, (…) con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número de los habitantes del país”. Agregaba enseguida que: “el Estado planificará el desarrollo económico y social”  Este último principio ya no existe, lo que deja inoperante el primero.

 

Sobre el tapete de las conversaciones se debe poner el problema de la tributación al Estado; pues sucede que los mecanismos actuales contienen vicios que privilegian al acaudalado empresario. Se observa claramente que el sector que más gana menos tributa al fisco, pero es el que decide en la práctica por todos en la orientación de las políticas del país. Este desequilibrio entre la acumulación de riqueza y la contribución al Estado, que allana las mejores condiciones para la plutocracia hay que resolverlo.

 

A la discusión debe entrar la regulación de las tendencias monopólicas de la economía, que son reales en la actualidad, además de las distorsiones en las cadenas de valores, que promueven la desigualdad y destruyen al productor.

 7.      Régimen agrario:

 

El régimen agrario debe volver a la doctrina de “la tierra es para quien la trabaja”, no para los parásitos rentistas. Vale discutir si se regresa también al criterio de la Constitución de 1972, cuando le otorgaba la potestad al Estado de velar por la distribución racional del suelo, de modo que asegurara “su uso más productivo” y “el derecho de todo productor a una existencia decorosa”. Esto ha sido cambiado por una fórmula “ligth”, que evade la responsabilidad directa del Estado en el cumplimiento del hecho… Así mismo hay que garantizar constitucionalmente la prioridad del mercado nacional para el productor nativo y el compromiso del Estado con la seguridad y la soberanía alimentaria.

 

Hay que tomar en cuenta que no somos un país con extensos suelos ricos en nutrientes. La gran mayoría tienen vocación de bosques y, además, tenemos un clima cuyas variables condicionan la distribución territorial y temporal del agua de forma desigual. La explotación agraria debe darse entonces bajo la estricta racionalidad de los recursos correspondientes al uso productivo, con el mayor rendimiento, lo cual significa que la riqueza natural hay que distribuirla equitativamente de acuerdo con su vocación y uso, a la vez que el productor debe acceder a las tecnologías apropiadas y ambientalmente sostenibles para elevar la calidad… Las reglas deben apuntar, más que a establecer un principio “por el que hay que velar”, a formular cómo hacerlo operar…

Se deben examinar las regulaciones en las relaciones de propiedad sobre los recursos naturales de uso agrario y su explotación, así como los incentivos para el cumplimiento de la resiliencia ambiental de los mismos. Hay que establecer mandatos claros para el fomento de la agroecología intensiva, bajo una estricta administración del agua, del suelo y de los servicios ambientales de la naturaleza.

 8.      Sobre el sistema judicial.

 

En este terreno el centro de gravedad lo ocupa la independencia e imparcialidad que debe revestir este poder en el ejercicio de sus funciones, así como la responsabilidad que tiene el sector respecto al cumplimiento de las reglas de las instituciones democráticas y de los deberes y derechos del ciudadano. Un tema inevitable es la necesidad de despolitizar la institucionalidad judicial a la vez que desjudicializar la política, y exigir la rendición de cuentas de los magistrados y jueces. El otro aspecto insoslayable son los procedimientos democráticos para el nombramiento de los dignatarios de las diferentes instancias, de manera que no sean manipulados por intereses económicos o políticos.

 

9.      La defensa nacional.

Bien es sabido que mediante un acto legislativo de la post invasión ‘89, se modificó la Carta Constitucional de 1983 eliminando la preparación y disponibilidad de unidades permanentes del Estado destinados a la defensa nacional. Sin embargo, esta función se ha venido cumpliendo de hecho, porque es utópico borrar de las obligaciones del Estado una responsabilidad que le es inherente a toda nación (y hoy lo somos). Lo que ha sucedido, en todos estos años, es que la misma ha sido repartida entre los EE. UU., encargado de la tarea estratégica de aire, mar e inteligencia, y el Estado Nacional, ocupado de los asuntos tácticos de la defensa territorial de fronteras y la vía interoceánica, actividad implementada por un cuerpo más bien contrainsurgente, mitad policía, mitad militar[3]. Para esto, el pie de fuerza extranjero utiliza las bases del componente nacional (es un camuflaje) y al igual que otras acciones que ejecuta en el territorio, opera mediante acuerdos, convenios y canjes de notas suscritos con los gobiernos de turno, pero desconocidas en gran parte de la ciudadanía panameña. Este problema hay que discutirlo porque corresponde al ejercicio de la soberanía ganada; es incontestable que si queremos asumir la defensa territorial de la nación y la garantía de la neutralidad del país sin injerencias foráneas, como debe corresponder a toda República independiente, hay que resolver la existencia de un pie de fuerza nacional con patrones de una doctrina propia de paz que, respetando las reglas democráticas afirme la soberanía nacional, asegure nuestra integridad de nación y esquive involucrarnos en potenciales amenazas debidas a conflictos que no nos pertenecen.  

 

10.   Régimen ecológico:

Panamá es un país privilegiado en recursos naturales, con una amplia biodiversidad y riqueza hídrica valorada altamente en el mundo. Sin embargo, esta misma riqueza, por la zona geográfica de ubicación y su régimen climático, así como por la conformación orográfica del istmo tiene grandes vulnerabilidades. Esto nos debe llevar a ser cuidadosos en el manejo del patrimonio natural de la nación, más cuando somos puente, a través de corredores biológicos, de los flujos de especies entre el Norte y el Sur continental. En los últimos años, el uso de los recursos naturales con fines de mercado ha tenido un ascenso vertiginoso, y durante los últimos veinte años, muchos de estos han sido explotados claramente en tanto que bienes y servicios ecológicos, transformándose de hecho en capital natural y por tanto en parte indiscutible de la contabilidad nacional, independientemente del tratamiento que se les haya dado en el mercado. Éstos, sin embargo, no están reconocidos formalmente como parte del potencial económico de la nación (componente del Poder Nacional) y en consecuencia, tampoco han sido regulados. Es un tema importante de discusión y análisis a ser recogidos en el régimen constitucional, al igual que el extractivismo neocolonial, porque por estas falencias el país está perdiendo recursos de poder invaluables. 

 

Otro punto de la discusión constitucional concierne a uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible acordados por la ONU en 2015, y que tiene gran relevancia para el país: es el Objetivo 11, de “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, destinado a la gestión de los espacios urbanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esto es parte fundamental de la calidad de vida humana, y se admite como un derecho ciudadano, la mayoría de las veces esquivado por las leyes. Actualmente no está contemplado en la carta fundamental y es de obligatoriedad para todo Estado. Debe ser dialogado, como punto importante de la agenda.

 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 15 días del mes de agosto de 2020.



 

[2] ¿Es viable que haya un país enemigo de la nación, pero no del Canal, o inversamente, serlo del canal, toda vez que EE. UU. es el garante estratégico de la neutralidad y posible parte beligerante de una potencial guerra en el horizonte mundial, y no serlo de la nación?...

[3] Esto sucede también con Costa Rica, que se jacta de no tener ejército. Suiza, que está declarada como país neutral, tiene ejército para garantizar su neutralidad.


domingo, 16 de agosto de 2020

DECLARACIÓN FINAL

 


DECLARACIÓN FINAL

Presentado en la sesión de clausura del Foro Social Panamá

Ciudad de Panamá, 15  de agosto de 2020

Después de la presentación de las tres conferencias en la sesión inaugural del Foro Social Panamá, realizado en la ciudad de panamá, los días 14 y 15 de agosto del año en curso, participantes han podido identificar las determinantes fundamentales que definen las causas de la crisis socioeconómica del modelo neoliberal tanto en el plano regional de América Latina, como en Panamá, con la particularidad que este modelo en nuestro país,  se ha aplicado sobreponiendo otro modelo de dirección, gestión y desarrollo que ha dominado al istmo durante los últimos 500 años; es decir el llamado “transitismo” [1], que nace con la conquista colonial hispánica y que  ha permeado los ámbitos del orden social, económico, político, cultural y ambiental. El neoliberalismo, en este caso, es sencillamente su variante contemporánea, encargándose de acelerar su liquidación.

Mesas temáticas

 Es importante destacar, que en las tres mesas temáticas, como en la mesa No. 1 que tenía que ver con la Crisis Estructural del modelo económico; la mesa No. 2 que abordó el tema de Salud y Educación como derechos humanos y la Mesa No. 3 que analizó la Crisis del Estado Nacional, al abordar los ejes de análisis en cada una de ellas y identificar el problema, sus causas y las propuestas de soluciones respectivas, se observó un hilo conductor que se expresó en cada uno de los ejes analizados en las distintas mesas.

Este hilo conductor, en todas las mesas, fue siempre la profunda crisis estructural del modelo neoliberal como expresión contemporánea del transitismo criollo que ha conducido a un desarrollo asimétrico de la economía nacional generando dos países: el de la metrópoli y el de la periferia rural.

Exclusión de las grandes mayorías

También se evidenció que este modelo es responsable de la exclusión de las grandes mayorías de panameños que sufren los problemas de salud, particularmente en lo relacionado con la atención de los cientos de contaminados con el COVID-19,  de acceso a una educación científica y humanista, a un empleo digno, a la seguridad y soberanía alimentaria, a precios justos de la producción agropecuaria, a una vivienda digna, al abastecimiento de agua potable y servicios básicos de saneamiento, al padecimiento de los impactos de la crisis ambiental, particularmente del cambio climático y otras necesidades básicas.

Construcción de un modelo alternativo

Uno de los aportes importantes de este Foro ha sido que se ha pasado de la crítica al modelo neoliberal a la formulación de una propuesta alternativa. Esto significa un gran salto cualitativo en la batalla de ideas frente a la hegemonía ideológica de la oligarquía rentista y plutocrática dominante.

Este hecho expresa el grado de maduración del movimiento social panameño que ya ha sido capaz de someter a discusión democrática y participativa un proyecto de estrategia alternativa antineoliberal que hay que seguir discutiendo con todos los sectores sociales golpeados por el neoliberalismo con el propósito de que la misma contribuya al proceso de unidad del movimiento social panameño.

Se expreso con fuerza en el Foro la necesidad de que las políticas públicas en el período directamente posterior a la pandemia deben, alejarse de las vigentes en el actual modelo económico agotado para dar lugar a un período de transición que inaugure una trayectoria que nos acerque a los objetivos de un modelo alternativo de desarrollo.

En este orden de ideas fue concluyente la tesis de que para la construcción de un modelo alternativo de desarrollo es imprescindible contar con una amplia base de apoyo social. Esta tarea no solo es posible, sino necesaria y solo podrá conseguirse mediante un programa lo suficientemente amplio como para que el mismo se entienda como un proyecto que favorece a todos los sectores sociales que han sido afectados por las políticas neoliberales. 

También se sentenció en el Foro que será necesario derrotar las maniobras que intenten los sectores económicos dominantes desde dentro o fuera de las instituciones, para mediatizar las demandas de los diversos sectores sociales y debilitar su proceso constructivo de alternativas.

Poder democrático ciudadano

Otro aspecto concluyente en las discusiones del FORO SOCIAL PANAMÁ, es que no basta tener la razón, que es necesario construir la unidad para lograr la fuerza necesaria que haga posible cambiar el contenido del viejo estado oligárquico que ya no da para más. El nuevo Estado al que aspiramos necesita construir un amplio poder democrático ciudadano, un sólido poder nacional y un gran liderazgo en la gobernanza.

Proceso constituyente

Tomando en cuenta estos factores, el Foro Social Panamá concluye que es impostergable entrar en la materia de la constituyente, comenzando por el proceso de consensuar los asuntos centrales que debe resolver en lo relacionado con la estructura de poderes de la sociedad y sus procedimientos de dirección y gestión.  

Autodeterminación y soberanía

El FORO SOCIAL PANAMA desea resaltar el hecho de que el próximo año conmemoraremos doscientos años de las declaraciones de independencia del Istmo, en el contexto de las luchas latinoamericana y caribeña contra el colonialismo. Desde entonces, la autodeterminación y la soberanía son constantes del empeño nacional por el perfeccionamiento de nuestra independencia, en la perspectiva de garantizar los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

En el transcurrir del siglo XIX la reivindicación de la autonomía definió los esfuerzos de lo más avanzado del pensamiento y de las organizaciones sociales y políticas istmeñas, en las condiciones históricas concretas entonces prevalecientes. Con el surgimiento en 1903 del Estado mediatizado por la injerencia e intervencionismo norteamericano, la enajenación del territorio y la instalación del enclave colonial llamado Zona del Canal, la lucha por la soberanía nacional se constituyó en un imperativo que, desde entonces, compromete a todas las generaciones de patriotas.

Hoy, ante los trascendentales desafíos que el pueblo panameño tiene por delante, es aún más ostensible la necesidad que tiene de recuperar su derecho a la autodeterminación y al perfeccionamiento de la soberanía nacional y popular.   

Apropiación excluyente del Canal

Es una realidad que, en el desmantelamiento del enclave, la recuperación del Canal y de importantes recursos del patrimonio nacional se han logrado importantes victorias. Empero, es claro que esa lucha no ha culminado, tal como lo evidencia la restauración de la hegemonía oligárquica, instaurada a partir de la invasión norteamericana de 1989, y su control cuasi absoluto del poder económico y político, que se traduce en el usufructo y apropiación excluyente del Canal y de los bienes revertidos.

Construcción del consenso para la refundación de la República

El Foro Social Panamá, declara que dada la riqueza de aportes y elementos básicos para contribuir a la construcción de un modelo alternativo al neoliberal, para el desarrollo sostenible de Panamá, a los extraordinarios aportes para seguir construyendo el consenso para un modelo de salud como derecho humano y para una visión prospectiva de la educación y la riqueza de aportes para la construcción de consensos para la refundación de la República y la creación de un nuevo Estado nacional, ha considerado conveniente mantener funcionando la entidad del FORO SOCIAL PANAMA  como un espacio amplio e incluyente para seguir trabajado en las tareas revolucionarias que demanda el momento histórico por el que transita la nación.   



 

No somos un protectorado, colonia ni un Estado Asociado de Estados Unidos

 


 COMUNICADO

No somos un protectorado,  colonia ni un  Estado Asociado de Estados Unidos

Aprobado en la clausura del Foro Social Panamá

Ciudad de Panamá, 15  de agosto de 2020.

Con un lenguaje típico del periodo del protectorado oligárquico que se impuso en nuestro país, junto al enclave colonial, una buena parte del siglo veinte, un alto funcionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone “alertó” a Panamá sobre la contratación de médicos cubanos y anunció el viaje de también asesor de Seguridad Robert O´Brien acompañado de un grupo de funcionarios estadounidenses a nuestro país, el próximo lunes 17 de agosto. La agenda tratará además de temas económicos, asistencia de salud, de seguridad nacional y financiera.

Llama la atención varios detalles que no pueden pasar desapercibidos. Primero que Panamá fue sancionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, poco antes del ascenso del Presidente Laurentino Cortizo y ahora, e hizo que la Unión Europea la incorporara a su lista negra. En esta ocasión le ofrece al gobierno panameño gestionar que Panamá sea excluida de la lista gris del GAFI.

El otro detalle, lo es la participación en esta misión a entrevistarse con el Presidente Cortizo, del Comandante Craig Faller, jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.

El contexto de esta visita se caracteriza, por la ofensiva neomonroista desatada por la actual administración de Washington contra la región, arreciando el bloqueo a Cuba, alentando golpes de Estado como en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Sirviéndose de gobiernos sumisos y cobardes como los que integran el llamado Grupo de Lima para apagar toda iniciativa democrática en Venezuela, como lo es el llamado a desconocer las próximas elecciones parlamentarias, asfixiando instituciones democráticas en Ecuador, desconociendo los resultados electorales como en Honduras, judicializando la política en Brasil y apoyando el desmantelamiento de la UNASUR, el debilitamiento de CELAC, mientras logran imponer con el servicio de  gobiernos colaboracionistas, al Secretario General de la OEA.

El pasado 12 de agosto, el presidente Cortizo  anunció al país que “estamos tratando de llegar a un acuerdo con los médicos cubanos para fortalecer a los trabajadores de la salud”. Esta disposición de aceptar la cooperación con cualquier país para enfrentar la pandemia, especialmente cuando se presenta una situación alarmante de contagiados y de fallecidos, que tiende a agravarse por la imposición del capital privado y las políticas económicas neoliberales. Similar posición debería sostenerse soberanamente con respecto al acceso a las vacunas, cuando estén disponibles y aceptadas por su seguridad y eficiencia.

El injerencismo de Washington resulta paradójico, cuando realiza grandes negocios, comparten avances tecnológicos libremente y reciben ayuda humanitaria de la República Popular China y de Rusia, en medio de la crisis sanitaria del Covid-19.

Condenamos de manera enérgica, la intromisión en los asuntos internos de Panamá, que es una Nación Soberana, que toma estas decisiones en función del Interés nacional y el bien común de los panameños.

De parte del gobierno nacional esperamos que sostenga una posición digna y no se deje presionar por la comitiva estadounidense.


jueves, 13 de agosto de 2020

ID y Password de acceso a la plataforma Zoom para invitados especiales

 El Foro Social Panamá que se inaugurará el viernes 14 de agosto a las 5:00 PM.


 ID y Password de acceso a la plataforma Zoom

Tema: FORO SOCIAL PANAMÁ INAUGURACIÓN
Hora: 14 ago 2020 05:00 PM Panamá

Unirse a la reunión Zoom

ID de reunión: 815 0361 6087
Código de acceso: FSP2020

lunes, 10 de agosto de 2020

ID ZOOM MESA TEMÁTICA No.3

 MESA TEMÁTICA

La Mesa Temática No.2 Titulada  Crisis del Estado Nacional, se desarrollará el Sábado 15 de agosto desde 9:00 a 11:30 AM.


El ID y Password de acceso a la plataforma Zoom será

Tema: FORO SOCIAL PANAMA MESA No.3
Hora: 15 ago 2020 09:00 AM Panamá

Unirse a la reunión Zoom

ID de reunión: 844 1380 0518
Código de acceso: FSP2020

METODOLOGÍA:
  • El conferencista y los moderadores deberán conectarse con 30 minutos de anticipación de la hora de inicio.
  •  El conferencista deberá enviar un resumen de su curriculum en unas cinco líneas, que será leído por la moderadora.  Es conveniente que la envié con 24 horas de anticipación al evento.
  • Cada cada conferencista dispondrá de hasta 20 minutos para presentar su ponencia.
  • En la intervención presentará los problemas, las causas y las alternativas de solución.
  • La presentación podrá ser asistida con diapositivas en PowerPoint. Para tal efecto es conveniente que la envié con 24 horas de anticipación al evento.
  • Finalizada las presentaciones la moderadora presentará un breve resumen de los aspectos más destacados de la ponencia.
  • La moderadora agrupará y seleccionará dos preguntas para cada panelista.
  • Los panelistas dispondrán de 5 minutas para responder a las preguntas.
CLAUSURA

La Clausura del Foro será el sábado 15 de agosto a las 2:00 PM. 
Durante la clausura se presentarán los informes de relatoría,  resoluciones y la declaración final del Foro Social Panamá.

El ID y Password de acceso a la plataforma Zoom para el acceso de los  moderadores (as), organizadores (as) y panelistas con interés de participar.

Tema: FORO SOCIAL PANAMÁ, CLAUSURA
Hora: 15 ago 2020 02:00 PM Panamá

Unirse a la reunión Zoom

ID de reunión: 869 4166 7747
Código de acceso: FSP2020

La participación de los inscritos y del público en general será por nuestro Canal en YouTube